La OMS pide que los países permitan el aborto hasta el nacimiento; restringirlo "viola derechos", afirma.



Las nuevas directrices establecen que las leyes que impiden el aborto en cualquier fase del embarazo corren el riesgo de violar los derechos de “las mujeres, las niñas u otras personas embarazadas”.

Las nuevas directrices publicadas por la organización de la ONU con sede en Ginebra, controlada y condicionada en gran medida por la financiación de las multinacionales farmacéuticas y las fundaciones “filantrópicas” de los conocidos de siempre, piden a los Estados miembros que legalicen el aborto sin límite de tiempo de gestación. El propio título hace que uno se estremezca: “Guía de atención al aborto”, el aborto camuflado lingüísticamente como una cura para las mujeres, donde el asesinato del niño sería el único medio de “atención” para las mujeres embarazadas. El periódico inglés Daily Mail ha realizado un análisis objetivo de las directrices, publicadas por la OMS el 9 de marzo. Pero incluso al otro lado del Atlántico se han alzado voces de profundo desacuerdo, tanto por el método seguido en la redacción del texto como por su contenido inaceptable e indefendible.

Las nuevas directrices establecen que las leyes que impiden el aborto en cualquier fase del embarazo corren el riesgo de violar los derechos de “las mujeres, las niñas u otras personas embarazadas”. Nótese el lenguaje en deferencia a la ideología transgénero y la prohibición de la palabra “madre”. El texto recomienda: la “despenalización total del aborto” y la supresión de las leyes y reglamentos que “prohíben el aborto en función de los límites de la gestación” y “restringen el aborto” por cualquier motivo; afirma que una serie de 21 estudios diferentes habrían evaluado los límites legislativos a las interrupciones del embarazo más tardías (del tercer al noveno mes) como “incompatibles con el respeto de los derechos humanos internacionalmente reconocidos”.


Eso no es todo. La OMS también quiere minimizar el derecho a la objeción de conciencia médica (“si resulta imposible regular la objeción de conciencia de forma que se respeten, protejan y cumplan los derechos de quienes solicitan el aborto, la objeción de conciencia en la prestación de abortos puede llegar a ser indefendible”) e incluso permitir el aborto selectivo por razón de sexo del niño no nacido. En concreto, los Estados deberían: permitir el aborto en todas las circunstancias; permitir que las mujeres no necesiten la aprobación de un médico o una enfermera para poder abortar; permitir las “píldoras abortivas por correo”, aunque sea tras una llamada telefónica; limitar el derecho de los profesionales médicos a negarse a participar en abortos por motivos de conciencia.

En ninguna parte del documento de 210 páginas (incluidas las recomendaciones) se mencionan los derechos del niño no nacido, ni el hecho de que incluso muchos abortistas consideran inmoral abortar después de las 22-24 semanas, cuando el feto tiene muchas posibilidades de sobrevivir si nace prematuramente. “Poder acceder a un aborto seguro es una parte crucial de la atención sanitaria”, dijo Craig Lissner, director en funciones de salud sexual reproductiva e investigación de la OMS, en la presentación del documento. «Casi todas las muertes y lesiones resultantes del aborto inseguro son totalmente evitables. Por eso recomendamos que las mujeres y las niñas tengan acceso a los servicios de aborto y planificación familiar cuando los necesiten». El concepto de la OMS es tan claro como falso: las niñas embarazadas mueren por las dificultades que encuentran para abortar, así que salvémoslas liberalizando el asesinato de sus bebés. Estas directrices dejan claro que la preocupación aquí no es por las mujeres, sino por expandir las políticas antinatalistas, eugenésicas y maltusianas, engordando las cuentas de las multinacionales del aborto.

Entre las voces críticas se encontraba la de Elyssa Koren, directora de Adf International en la ONU, que denunció cómo “la Organización Mundial de la Salud intenta aprovechar su enorme influencia y poder presupuestario para socavar las disposiciones internacionales y establecer un nuevo régimen legal que apruebe el ‘derecho’ al aborto sin límites y sin derecho a la objeción de conciencia”.

Un breve vistazo a los expertos externos que contribuyeron a la redacción del documento da una buena idea de lo que están hechos: de los 12 expertos responsables de la redacción final, enumerados en la página 158, nada menos que ocho forman parte de las corporaciones multinacionales del aborto International Planned Parenthood Federation, Marie Stopes International o sus filiales, otros provienen de gobiernos o de universidades ultra-abortistas. La supuesta experta en derechos humanos, Christina Zampas, es la responsable de la ONU de la multinacional abortista Center for Reproductive Rights en Ginebra. Ninguno de los expertos afirmó tener un “conflicto de intereses”.

Exultante, por su parte, está el director general del Ippf, Álvaro Bermejo, que ha prometido su compromiso “en estrecho contacto” con la OMS para aplicar las nuevas directrices, “tanto en el seno del Ippf como con los gobiernos y los socios”. La red de abortistas ya está trabajando, y a los pocos días de la publicación de la OMS, un tribunal de Kenia dictaminó que el aborto es un derecho humano y –aunque esté prohibido por la Constitución– el gobierno y el parlamento deben liberalizarlo. La OMS no tiene autoridad legal para ordenar el aborto, un asunto que corresponde a cada Estado, y el niño no nacido está reconocido por las convenciones internacionales como una persona con derechos.

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